ALCALDÍA/PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY

En el marco del procedimiento que se regula en el artículo 15 de la Ley  3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiación Municipal, se remite la auditoría de gestión 2024, y se notifica el
texto   de   la  propuesta   de   resolución  para   la   aprobación   de   la  auditoría   de   gestión   del
AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY, realizada a partir de la liquidación del presupuesto municipal
correspondiente al año 2024, a los efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 19 de  la citada
Ley reguladora del Fondo.

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De   conformidad   con   el   artículo   82   de   la   Ley   39/2015,   de   1   de   octubre,   del   Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da un plazo de quince días, contados a
partir   del   día   siguiente   al   de   la   notificación   de   la   presente   para   presentar   las   alegaciones,
documentos y justificaciones que se estime oportunos.

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE VALLE GRAN REY, REALIZADA A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31
DE DICIEMBRE DE 2024, CONFORME SE ESTABLECE EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO
CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL

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Visto el expediente tramitado por la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia relativo a
aprobación de la auditoría de gestión reseñada en el epígrafe.

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Teniendo en cuenta los siguientes

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I.- ANTECEDENTES

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1.- Mediante Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, se
regula dicho Fondo.

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2.-  La   Ley  5/2024,   de   26   de   diciembre,  de   Presupuestos   Generales   de   la   Comunidad
Autónoma   de   Canarias   para  2025,  fija   el   importe   del   crédito   que   se   destina   a   la
distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal en el presente ejercicio, así como
el crédito preciso para dar cobertura a los gastos que se deriven de  la realización de las
auditorías de gestión contempladas en la Ley reguladora del Fondo.

3.-  En   ejecución   de   la   citada   Ley   3/1999,   de   4   de   febrero,   mediante   Orden   de   la
Consejería   de   Presidencia,   Administraciones   Públicas,   Justicia   y   Seguridad   de  21   de
marzo   de   2025,   se   determina   la   documentación   que   debe   ser   aportada   por   los
Ayuntamientos, precisa para   la realización de las auditorías de gestión que permitan
conocer la situación económico-financiera municipal a 31 de diciembre de 2024.

4.-  Realizada   la   citada   auditoría  de   gestión,  en   la   misma   se   manifiesta   que   por
incumplimiento de uno de los indicadores de saneamiento económico-financiero que se
expresa en la auditoría, en concreto el indicador de ahorro neto, el destino de la parte
del   Fondo   prevista   en   la   letra   a)   del   apartado   1,   del   artículo   1   de   la   Ley,   será   el
saneamiento económico-financiero, aunque también podrá destinarse a la cancelación
de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de  2024  y/o a inversión o ayudas de
emergencia social en los términos expresados en la consideración jurídica segunda de la
presente.

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- La Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal
(en adelante, LFCFM), en su artículo 15 condiciona el abono de la parte no anticipada
del Fondo a la realización de las auditorias de gestión que acrediten la situación de
cumplimiento   de   los   indicadores   de   saneamiento   económico   financiero   y   de   los
condicionantes   de   la   cuantía   de   libre   disposición,   sobre   la   liquidación   del   ejercicio
inmediato anterior al de la distribución del Fondo.

SEGUNDA.- El artículo 18 de la LFCFM determina como supuestos de incumplimiento de
la misma el no obtener los porcentajes de los indicadores de saneamiento económicofinanciero   previstos   en   su   artículo   11,   así   como   no   obtener   los   valores   de   los
condicionantes del importe de libre disposición previstos en su artículo 12.

De conformidad con el artículo 19 de la LFCFM, es consecuencia del incumplimiento de
los indicadores de saneamiento económico-financiero, que el destino de la parte del
Fondo prevista en la letra a) del apartado 1, del artículo 1 de la Ley, sea el saneamiento
económico-financiero.

No   obstante   lo   anterior,   el   artículo  81.2   de   la   Ley   5/2024,   de   26   de   diciembre,   de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025,  dispone
que sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1.1.a) de la LFCFM, los ayuntamientos
canarios que, de acuerdo con las auditorías aprobadas de la liquidación del ejercicio
presupuestario de 2024, cumplan los indicadores de saneamiento económico-financiero
establecidos en dicha norma legal, a excepción del indicador de ahorro neto, podrán
destinar la parte del fondo de 2025 correspondiente a saneamiento, por este orden, a:

1º) Cancelación de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2024, salvo que la
corporación acredite que no tiene deuda con proveedores o que esta se encuentra

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acogida   a   mecanismos   de   financiación   de   pagos   a   proveedores   establecidos   por   el
Estado   en   desarrollo   de   la   Ley   Orgánica   2/2012,   de   27   de   abril,   de   Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2º) Inversión o ayudas de emergencia social hasta el porcentaje previsto en el párrafo
primero del presente apartado 2.

De   conformidad   con   el   mencionado   apartado   2,   el   crédito   máximo   para  ayudas   de
emergencia social es del 100 por ciento del destinado a inversión.

TERCERA.-  Las   disposiciones   legales   de   aplicación,   en   especial   el   artículo   15   de   la
LFCFM,   atribuye   la   competencia   para   la   aprobación   de   la   auditoría   de   gestión   a   la
Consejería competente en materia de régimen local, previa acreditación de haberse
tomado en consideración por el Pleno del Ayuntamiento.

Asimismo, el artículo 19.4 de la citada  LFCFM,  prevé que en el caso de que  en las
indicadas auditorías se detecten incumplimientos de los previstos en el artículo 18,  la
persona titular de la Consejería, previa audiencia de la corporación afectada, dicte una
resolución conteniendo el incumplimiento detectado y la consecuencia del mismo.

CUARTA.-  El   artículo   1  del  Reglamento   Orgánico   de   la   Consejería   de  Presidencia,
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024, de 31
de julio, atribuye la competencia sobre régimen local a la citada Consejería.

QUINTA.-  Mediante Orden de la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas,
Justicia   y   Seguridad   (publicada   en   el   Boletín   Oficial   de   Canarias   n.º   188,   de   24   de
septiembre de 2024),  se delega el ejercicio de diversas competencias, entre otras, en
materia   de   régimen   local.   En   particular,   se   delega   en   la  Viceconsejería   de
Administraciones y Transparencia la competencia para aprobar las auditorías de gestión
a las que se refiere el artículo 15.1 de la LFCFM, así como para dictar, en su caso,
resolución conteniendo los incumplimientos detectados y sus consecuencias.

Previa toma en consideración por el Pleno del Ayuntamiento se propone lo siguiente:

1.- Aprobar la auditoría de gestión del AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY, realizada a
partir   de  la  liquidación   del   presupuesto   municipal   correspondiente   al   año  2024,
conforme   se   establece  en   la   Ley   3/1999,   de   4   de   febrero,   del   Fondo   Canario   de
Financiación Municipal.

2.-  Declarar   la   existencia  del  incumplimiento  expresado   en   el   antecedente   4   de   la
presente y, en consecuencia, proceder en la forma prevista en la consideración jurídica
SEGUNDA de la presente en cuanto al destino del Fondo.

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Contra   la   Resolución   que   se   dicte   en   su   momento,   que   pondrá   fin   a   la   vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo
contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, o bien a criterio del interesado, interponer en dicho plazo el requerimiento
previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado que la auditoría de gestión ha de ser tomada en consideración por el Pleno, a los efectos
de   facilitar   a   ese   Ayuntamiento   la   tramitación,   se   remite  modelo   de   certificación   que   se
estima puede utilizarse para su toma en consideración en el caso de no existir alegaciones.

Por último, hemos de considerar que los libramientos pendientes de realizar a favor de esa
Corporación,   correspondientes   al   Fondo   Canario   de   Financiación   Municipal   del   año  2025,
están condicionados a los resultados que deriven de la auditoría de gestión a 31 de diciembre
de  2024, y como ya se ha señalado la citada auditoría ha de ser tomada en consideración
mediante acuerdo plenario previamente a su aprobación por esta Consejería, todo ello antes
del cierre del presente ejercicio 2025.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, y ante la proximidad de las fechas de cierre del presente
ejercicio, se solicita a esa Corporación la máxima colaboración, indicando que  el  Servicio de
Asuntos Económicos está a disposición para cualquier aclaración que se precise.

EL VICECONSEJERO DE ADMINISTRACIONES
Y TRANSPARENCIA
Antonio Llorens de la Cruz

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